El 24 de marzo, Apple anunció que todos los usuarios de iPhone y iPad en el Reino Unido tendrán que demostrar su identidad mediante un método de identificación aprobado por el gobierno, o el dispositivo restringirá automáticamente su acceso a Internet.
Léalo de nuevo: su teléfono —un dispositivo que ya ha pagado— podría limitar su acceso a Internet a menos que verifique su identidad según los requisitos de Apple.
Si cree que esto no le afecta porque no vive en el Reino Unido, piénselo de nuevo. Así es como suelen funcionar estos procesos: comienzan en un país y luego se extienden a otros. El Reino Unido sería el caso de prueba. Usted podría ser el siguiente. No importa en qué parte del mundo se encuentre; esto podría llegar. No es tanto una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo.
Se trataría de una nueva etapa en el desarrollo de la identidad digital. Y, si no ha escuchado antes advertencias sobre sus posibles implicaciones, baste decir que podrían tener consecuencias profundas para la sociedad. Según esta perspectiva, podría convertirse en un mecanismo de control impulsado por élites en el poder.
Durante años, distintos sectores han alertado sobre la llegada de la identidad digital. En septiembre del año pasado, el Reino Unido y otros países anunciaron avances en esta dirección. Paralelamente, numerosos gobiernos han impulsado leyes de seguridad infantil en línea que, según sus críticos, podrían servir como base para sistemas de supervisión más amplios.
La velocidad de implementación de estas iniciativas está aumentando. Apple, Google, la Unión Europea, Australia y diversos estados de EE. UU. están avanzando en medidas relacionadas con la identidad digital. La tendencia apunta hacia la vinculación de cada persona con una identidad verificada que registre su actividad digital.
En este contexto, surge una preocupación creciente sobre el papel de los teléfonos inteligentes.
Tanto en dispositivos iPhone como Android se recopilan grandes cantidades de datos: ubicación, uso de aplicaciones, historial de navegación, contactos y otros aspectos de la actividad digital. Estas prácticas, habituales en la industria tecnológica, se justifican como necesarias para el funcionamiento de servicios, la personalización o la seguridad, aunque también generan debate sobre la privacidad.
Los críticos sostienen que los teléfonos han pasado de ser simples herramientas a dispositivos con amplias capacidades de recopilación de datos.
Además, señalan que, al adquirir estos dispositivos, los usuarios contribuyen económicamente a empresas que desarrollan estas tecnologías. Apple y Google, como principales actores del sector, desempeñan un papel central en la evolución de sistemas digitales de identificación y gestión de datos.
Ambas compañías mantienen relaciones con gobiernos y están sujetas a regulaciones que pueden implicar la cesión de información bajo determinadas circunstancias. Para algunos analistas, esto refuerza la idea de que la infraestructura digital global se está configurando de manera cada vez más interconectada.
Este debate continúa generando opiniones encontradas sobre el equilibrio entre seguridad, innovación tecnológica y derechos individuales en la era digital.
Como señala Edward Snowden, exanalista de la CIA: «Decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir». La privacidad es un derecho fundamental y no podemos renunciar a ella. Al hacerlo, estamos otorgando poder a quienes la vulneran: gobiernos, empresas tecnológicas, redes sociales y hackers, que pueden utilizar los datos recopilados para mercantilizar la información, manipular conductas y emociones, y ejercer control sobre la ciudadanía.
Ana Fernández
